Foto: RedComSur
Servindi, 1 de diciembre, 2016.- Grenmios de periodistas y comunicadores presentarán el viernes 2 de diciembre un detallado informe sobre cómo la concentración de medios de comunicación afecta la libertad de expresión en Paraguay
La audiencia especial concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permitirá interpelar al Estado Paraguayo para que adopte medidas concretas con relación a esta situación.
La audiencia fue solicitada por el Sindicato de Periodistas del Paraguay, el Foro de Periodistas Paraguayos y la Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos del Paraguay,
La presentación estará a cargo de Santiago Ortiz, secretario general del SPP, y del abogado Dante Leguizamón, en representación de las tres organizaciones de comunicadores y de familiares de víctimas de periodistas asesinados.
La audiencia se realizará en el marco del 159° periodo ordinario de sesiones que se celebra en la ciudad de Panamá el viernes a las 11:00 a.m, en el Hotel Radison Decapolis, sede de las sesiones de la CIDH, en Panamá.
El informe aborda tres temas: la inseguridad y violencia como amenazas para el trabajo de los periodistas, la concentración de medios en manos de pocos sectores y del entorno gubernamental y la discriminación y dificultades para el reconocimiento de las radios comunitarias y medios alternativos;
Inseguridad, violencia e impunidad amenaza labor de periodistas
En la solicitud de audiencia ante la CIDH se denuncia que “la situación de la libertad de expresión en Paraguay se encuentra marcada por un alto grado de impunidad de los crímenes perpetrados contra periodistas.
A ello se agrega la falta de políticas públicas de prevención y protección para el ejercicio del periodismo, la concentración de medios masivos de comunicación en pocas manos y la falta de una ley de servicios de comunicación audiovisual que garantice la diversidad y el pluralismo.
También se observan las excesivas limitaciones a las radios comunitarias y que no están acordes a los estándares internacionales de derechos humanos.
Desde el 1991 se han asesinado a 17 periodistas por el ejercicio de su oficio en Paraguay y el 40 por ciento de estos asesinatos han ocurrido en los últimos 3 años y se encuentran impunes.
Además de los asesinatos, en Paraguay se han incrementado las amenazas y agresiones contra periodistas, especialmente por denunciar el narcotráfico y sus vínculos con políticos y policías locales.
La mayoría de los crímenes se producen en las zonas fronterizas con el Brasil, regiones donde se desarrollan actividades ilícitas del tráfico de drogas asociadas a países vecinos como Brasil y Argentina.
Justamente la denuncia de este tipo de hechos son los que desencadenan las amenazas y los asesinatos.
Las propias autoridades paraguayas reconocen la penetración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad y un informe final de la Comisión Bicameral el 70 por ciento de la Policía Nacional estaría infiltrada por el crimen organizado.
Las redes criminales financiadas por el narcotráfico han permeado sectores del poder político, desde el nivel local hasta el nacional, añade el citado informe.
Concentración, discriminación y dificultades para reconocer radios comunitarias y medios alternativos
El documento presentado ante la CIDH sostiene que en los últimos años se ha incrementado la concentración de medio de comunicación en pocas manos.
Si bien la Constitución paraguaya rechaza el monopolio de medios de comunicación, sin embargo, no se refiere al oligopolio o al acaparamiento de medios de comunicación, aspectos que han sido motivo de debate público.
Existen cuestionamientos acerca del rol de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). entidad encargada de la supervisión y el control efectivos de la concentración de medios en Paraguay.
La CONATEL es cuestionada por darle mayor relevancia a la eficiencia económica dentro del mercado de las telecomunicaciones, antes que privilegiar la pluralidad de perspectivas, necesaria en una sociedad democrática.
El acceso de las radios comunitarias al espectro radioeléctrico ha sido menoscabado a pesar de que la Ley de Telecomunicaciones reconoce su presencia.
Existen un conjunto de obstáculos legales que impiden en la práctica el funcionamiento de los medios comunitarios, y además son objeto de persecución policial y decomiso de equipos.
Una reforma a la Ley de Telecomunicaciones en el 2011 restringió la potencia y el alcance de las radios comunitarias y se ha prohibido la utilización de la publicidad y otras fuentes de financiamiento.
Los procesos administrativos para obtener las licencias correspondientes están cargados de formalismos innecesarios y se prolongan por tiempos irracionales o simplemente no se adjudican las mismas, empujando a las emisoras a la ilegalidad.
De otro lado, Paraguay no cuenta con ninguna ley de servicios de comunicación audiovisual que organice democráticamente los espacios de radiodifusión, que regule la concentración de medios y garantice la participación de todas las voces y la sociedad.
Informe de fondo: caso Santiago Leguizamón
Los gremios de periodistas y comunicadores respaldan e impulsan el informe de fondo en la causa 13030 sobre el caso de Santiago Leguizamón, periodista acribillado por sicarios de la mafia en abril de 1991.
El informe solicita a la CIDH que admita la violación por parte del Estado Paraguayo del derecho a la vida, a la libertad de pensamiento y expresión y a la integridad personal; garantías judiciales y protección judicial.
Los demandantes piden a la CIDH que recomiende al Estado paraguayo disponer la reparación integral de los derechos afectados y que en el caso de que no cumpla con dichas recomendaciones, se someta el caso a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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