lunes, 26 de marzo de 2012

GUATEMALA: POR MASACRE DE 201 CAMPESINOS FUE CONDENADO EXMILITAR A 6060 AÑOS

Servindi, 15 de marzo, 2012.- El exmilitar Pedro Pimentel Ríos, un miembro de la Escuela Kaibil, fue condenado por un tribunal guatemalteco por su participación en la matanza de 201 campesinos ocurrida en la aldea Dos Erres, en 1982. Por cada asesinado la justicia le ha impuesto una pena de 30 años, que sumados ascienden a 6060 años.


El militar de 54 años, participó en la patrulla de 40 kaibiles que ingresó a la aldea el 7 de diciembre de 1982, y ejecutó la orden de matar a los campesinos entre ancianos, mujeres y niños.

Los kaibiles eran conocidos por ser una fuerza elite del ejército entrenada para matar.

Pimentel fue extraditado desde Estados Unidos en el año 2011 para enfrentar las acusaciones en su contra.

Otros cuatro ex soldados enfrentan sentencias similares.
La masacre fue parte de los 36 años de sangrienta guerra civil en Guatemala, la cual llegó a su final en 1996.

Los hechos ocurrieron durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt (1982-83), quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde enero de 2012 por tener abierto un proceso judicial por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

La ejecución fue parte del Plan Sofía, una ramificación del Plan Victoria 82. Por este caso hay 14 personas pendientes de captura.
La Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) consideró que la condena es “un paso más en el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre de 2009″ sobre este caso.

El Cejil, cuya sede regional se encuentra en Costa Rica, actuó como representante de las víctimas en el proceso ante la Corte Interamericana.

Según estas organizaciones, la sanción de todos los responsables de la masacre de Dos Erres “es la única acción válida para que las víctimas y sus familiares puedan tener, al menos, alguna reparación por estas graves violaciones a los derechos humanos”.
Pimentel fue sentenciado ayer a 30 años de prisión por cada uno de los 201 asesinatos y a otros 30 por un cargo de delitos contra la humanidad, lo que suma un total de 6060 años.

El Código Penal de Guatemala sólo contempla una pena máxima de 50 años de prisión.

La sentencia, que fue dictada por unanimidad de las tres juezas que integraron el Tribunal Primero de Mayor Riesgo B, señala que Pimentel fue identificado por testigos que dijeron que estuvo en el lugar de la matanza y que participó en la muerte brutal de las 201 personas.

Ríos Montt
En 1999, la premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú, presentó cargos de tortura, genocidio, detención ilegal y terrorismo de Estado contra Ríos Montt y otros cuatro generales guatemaltecos retirados , dos de ellos expresidentes. Otros tres civiles fueron también acusados. El Centro por la Justicia y la Responsabilidad “Center for Justice and Accountability” y la Asociación Pro Derechos Humanos de Espeña son codenunciantes.

En setiembre de 2005 el Tribunal Constitucional de España dictó que un tribunal español puede juzgar a aquellos acusados de crímenes contra la Humanidad incluso si las víctimas no son españolas.

En junio de 2006 el juez Santiago Pedraz viajó a Guatemala para interrogar a Ríos Montt y otros acusados. Sin embargo, al menos 15 apelaciones llevadas a cabo por la defensa impidieron a Pedraz interrogar a los acusados.

En el 2007 Ríos Montt obtuvo una curul parlamentaria que le permitió gozar de inmunidad hasta enero de 2012.

Similitud con caso peruano
En el Perú también existen varios procesos abiertos contra miembros de las fuerzas armadas por las masacres cometidas en varias localidades del país durante el conflicto armado de los años 80-2000, entre los que resalta el caso de Accomarca.

Los exmilitares peruanos Telmo Hurtado, David Castañeda Castillo y Juan Rivera Rondón huyeron a Estados Unidos debido a la denuncia en su contra por la masacre de 69 comuneros de la localidad de Accomarca (Ayacucho), en 1985.

Dos de ellos ya han sido extraditados con lo cual se ha podido iniciar el juicio oral.

Una treintena de militares de todo rango se encuentran implicados en este caso que muestra su similitud con el caso de Guatemala sobre crímenes contra la humanidad.



GUATEMALA:PRESIDENTE HABRÎA OFENDIDO A RIGOBERTA MENCHÙ,SEGÙ N WIKILEAKS

Servindi, 18 de enero, 2011.- El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, habría señalado que la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú “es una fabricación de la antropóloga Elizabeth Burgos”, según un cable de WikiLeaks que se filtró el último fin de semana.

Luego de conocer la información, Rigoberta Menchú, indicó que las supuestas declaraciones de Colom no son solo una ofensa para ella, sino para toda la comunidad indígena. Y llamó ayer a líderes indígenas a no dejarse utilizar y a defenderse.

“Me da pena que un presidente se vea involucrado en una situación de este tipo. Si es cierto lo que dijo, me parece una falta de respeto y educación”, dijo Menchú. Asimismo, sostuvo que el presidente posee doble moral. “Si pensaba eso de los hermanos de San Juan —agitadores—, cuando hablaba del rostro indígena… Debería escuchar a la gente, porque su obligación es hacerlo”, afirmó.

La Premio Nobel calificó de mentiroso al gobernante, puesto que no le pidió consejos sobre su carrera política, tal como lo afirma WikiLeaks.

En declaraciones a al medio Patrullaje Informativo, de Emisoras Unidas, Menchú dijo que el presidente está haciendo honor a su apellido: Colom, puesto que los colonizadores anularon los derechos colectivos e individuales de la gente.

Menchú descartó que vaya a emprender acciones legales contra el gobernante tras difundirse el contenido del cable, que surgió de una conversación entre el presidente Colom y el diplomático James Derham, quien se despidió como embajador de Estados Unidos en Guatemala, el 9 de julio del 2008.

Disculpas públicas
Aunque restó importancia a todo el asunto de WikiLeaks, el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, pidió disculpas a la premio Nobel de la Paz, durante la juramentación de los nuevos integrantes de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo.

“Antes de referirme al acto, quiero decir que a las tres de la tarde platiqué con Rigoberta Menchú con la misma cordialidad que lo he hecho toda la vida y, por supuesto, rechazo totalmente el contenido de ese documento. Ahí hay palabras y personas que no tengo ni la menor idea de dónde salieron, no son ideas mías, ni criterios míos, ni información mía. Con la señora Rigoberta Menchú hemos mantenido una excelente relación siempre y le ofrecí mis disculpas si hubo alguna mala interpretación de parte del ex embajador de EE. UU.”, afirmó.

El jefe del Ejecutivo comentó que solamente había mencionado a Menchú en una entrevista con una revista española como un símbolo del país, y que se congratulaba por participar juntos en la contienda electoral del 2007.

Más revelaciones de WikiLeaks

No es la primera vez que WikiLeaks difunde información de ese país. Un cable anterior sacó a relucir que los gobiernos de México y Guatemala no tienen la capacidad para controlar su frontera en común, y que la misma ya se encuentra en poder de narcotraficantes y del crimen organizado.

En otro cable, ese sitio de internet reveló una comunicación de la Embajada de EE. UU. en el país, en el cual refiere que Sandra Torres, esposa del mandatario, tiene intención de competir por la presidencia.



GUATEMALA:MARCHA INDÌGENA Y CAMPESINA POPULAR ARRIBARÀ MAÑANA EN LA CAPITAL

Servindi, 26 de marzo, 2012.- Mañana deben arribar a la ciudad de Guatemala los caminantes de la marcha indígena, campesina y popular que se inició el pasado 19 de marzo por la defensa del territorio, contra los desalojos y por el Desarrollo Rural Integral.

Entre los reclamos al Gobierno figuran el retiro de los campamentos del Ejército instalados en territorios comunales, el cese a la criminalización de las luchas indígenas y campesinas, y el cumplimiento de la consulta previa sobre actividades mineras.

Pero el reclamo que le ha dado mayor dimensión a esta marcha por la confluencia de sectores sociales es el pedido de condonación de la deuda agraria que a estas alturas asciende a más de 300 millones de quetzales.

Daniel Pascual, del CUC, sostuvo que esperan la atención del Gobierno hacia sus demandas, pero en caso de que no ocurra así, las comunidades indígenas, campesinas y las organizaciones populares continuarían con su medida de protesta.

La marcha inició el 19 de marzo en el parque central de Cobán, Alta Verapaz, y desde entonces nuevas comunidades se han sumado a la protesta.






jueves, 22 de marzo de 2012

El ministro de Defensa vinculó a los líderes indígenas del estado, que han estado protestando en contra del Plan Caura, con las mafias del oro en la región

A sabiendas de lo delicado del tema, su vinculación con la soberanía nacional y los múltiples intereses que entran en juego, trataré de esbozar un análisis inicial de los hechos y algunas de sus interpretaciones de la manera más ecuánime, tratándose en mi caso de un investigador aliado de la causa indígena hace muchos años. En el texto periodístico presentado se cruzan varias coordenadas, entre las cuales hay unas que conducen más allá del escenario al que se refiere el Ministro Rangel Silva, pero trataremos de concentrarnos en los aspectos más urgentes y pertinentes. Como primera idea, cualquier persona con un mínimo de ética tiene que rechazar de plano la minería ilegal, sean quienes fueren sus ejecutores, indígenas, criollos, extranjeros o marcianos. Pero no comparto el énfasis exclusivo del Ministro en la palabra ilegal, dando por sobreentendido que la minería legal es algo bueno y perfecto, dado que sería llevada a cabo por el Estado soberano. Mutatis mutandis esto vale también para el coltán. Hasta donde tenemos información, la minería legal con sus inmensas inversiones, maquinaria sofisticada, territorios afectados y otras características, amenaza con ser mucho más dañina para el ambiente que la propia minería ilegal, pese a toda su agresividad que nadie osaría negar. Pero lamentablemente, los llamados tres arcos geopolítico-mineros constituyen una política de Estado, avalada incontables veces por el alto Ejecutivo y además conectada con iniciativas muy similares de otros países amigos y otros no tanto. Igualmente hay que despejar el hecho bien conocido de que las demarcaciones de tierras indígenas –especialmente las del estado Bolívar– han sido paralizadas hace varios años, a pesar de existir suficientes autodemarcaciones y otros antecedentes para perfeccionar en poco tiempo una solución definitiva, o poco menos, para este álgido problema: tal como se logró incluso en Brasil, poderoso Estado en principio nada pro-indígena. Concretando nuestros señalamientos en relación con los pemón –principales imputados por el Ministro– este sufrido pueblo se quedó en el limbo de sus tierras ancestrales que todavía no son reconocidas por el Estado venezolano, sino que más bien constituyen zona de expansión para mineros de toda laya y otros intereses no solo transnacionales sino también geopolíticos nuestros, es decir ligados a la soberanía nacional. Pero hay algo más grave, por ejemplo cuando observamos que hasta hace muy poco el Gobierno Bolivariano no solo reconocía la vigencia y validez de la pequeña minería sino que instauró la llamada Misión Piar, con la idea de apoyar y financiar a un número relativamente elevado de mineros, entre quienes se halla una cantidad apreciable de indígenas pemón. Es también de dominio público que hay un sector de la Fuerza Armada, acantonado en Bolívar, implicado en la minería ilegal y cuya presencia fue detectada precisamente por unos indígenas pemón, a raíz de lo cual ocurrieron una serie de hechos que para nada son mencionados por el Ministro; además tenemos entendido que esos militares no fueron sancionados. Nadie duda que pululan entre nosotros las mafias mineras, pero identificar automáticamente a los pequeños mineros artesanales –sean éstos indígenas o no– con delincuentes profesionales de alta capacidad financiera, técnica y gerencial constituye como mínimo una gran precipitación y abuso de lenguaje. Unas pocas comunidades de esa etnia, más algunos de sus integrantes individuales, a consecuencia de la conocida mala aculturación y la total permisividad que hasta hace muy poco tiempo prevalecía en el país –el Decreto de estatización del oro es recientísimo– fueron atraídos hacia esta actividad. No obstante, de allí no se desprende su carácter mafioso ni un alto grado de involucramiento en el negocio transnacional, junto al tráfico con el oro y otros bienes no renovables que posee nuestra Guayana: ocurre casi exactamente como cuando confundimos a las mulas de las drogas con los grandes negociantes del narcotráfico. Tal vez lo que más nos llama la atención y nos pone en situación de alerta, es la forma excluyente y enfática en que el Ministro focaliza el rol del indígena en la minería ilegal, descalificando severamente a sus dirigentes, en términos casi genéricos y hasta cuestionando su legitimidad. Si hacemos uso de nuestra memoria sobre la historia reciente de los pueblos originarios, y observamos lo que sucede en la actualidad en países como Ecuador, Perú y Chile, así suele ser el inicio de la criminalización generalizada de las poblaciones indígenas como un todo, muchísimo más allá de sus componentes étnicos o individuales. Como prueba tenemos el título del reportaje que no habla de unos indígenas sino de los indígenas, en los términos más abarcantes. La referencia del Ministro a una manipulación mediática hay que verla con cuidado, porque los emisores y comunicadores progresistas y revolucionarios hacen señalamientos aun más fuertes que Globovisión y compañía, ante el deterioro inocultable de una política indígena que hace tiempo dejó de ser progresista en el sentido más noble del término.

En cuanto al plan Caura, no dudo de sus buenas intenciones, mas éste tampoco ha sido suficientemente consultado y de las propias palabras del Ministro se desprenden sus carencias, al referirse solo a la minería ilegal. Ahora bien, cuando él habla de diálogo con los pemón y los indígenas en general, ésta sería una magnífica iniciativa, pues por el momento tenemos ciertas referencias sobre maltratos a las comunidades originarias y sus dirigentes, en medio del aura de un autoritarismo unilateral. ¿Pero de qué clase de diálogo se trataría?. Ni a los pemón ni a otros pequeños mineros es posible ordenar simplemente que abandonen la minería, sin ofrecerles alternativas, ya no para sobrevivir sino para vivir con dignidad, satisfaciendo por lo menos sus necesidades fundamentales. En este punto es preciso recordar que hasta el sol de hoy ni siquiera se les han demarcado sus tierras, y por los vientos que soplan falta mucho para que se cumpla dicho compromiso de Estado. Es lamentable ya que allí está el meollo de la cuestión. Además los indígenas tienen que saber, de una vez por todas, hasta dónde se extienden sus tierras, ¿o será que en el futuro no les corresponderá ningún espacio propio donde practicar, fortalecer y transmitir su cultura?. Aclaramos que esta aspiración es congruente con el concepto constitucional de Soberanía Nacional, puesto que ningún venezolano patriota y de principios aceptaría la conformación de una territorialidad indígena separada del contexto nacional, además de que los pueblos autóctonos jamás han aspirado a crear Estados dentro del Estado. Tales serían algunas de mis ideas referentes a las declaraciones del Ministro, quien merece el mayor respeto; sin embargo él también debería escuchar con más atención a los indígenas y a quienes hemos compartido su causa y vicisitudes por tantos años.
 Cordialmente, para todas y todos Esteban Emilio Mosonyi.

Regiones
Rangel Silva vincula a indígenas con mafias del oro
14-Mar 10:11 pm|Clavel Rangel
El ministro de Defensa vinculó a los líderes indígenas del estado, que han estado protestando en contra del Plan Caura, con las mafias del oro en la región

El ministro de Defensa, Henry Rangel Silva, vinculó a los líderes indígenas del estado Bolívar, que han estado protestando en contra del Plan Caura, con las mafias del oro en la región.

“Hemos detectado que algunos líderes de los pueblos indígenas o que se hacen llamar líderes estaban seriamente tocados por las mafias del oro y en la primera fase del Plan Caura, en donde manifestaban que estaban perfectamente de acuerdo, decidieron aliarse algunos grupos de explotación del oro y eso nos ocasiona un problema que vamos a solucionar por la vía del diálogo”, dijo durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Base Aérea Teófilo Ruiz Méndez.

El ministro señaló que el Plan Caura es un “plan permanente que busca salvaguardar la selva del estado”.

“Las Fuerzas Armadas asume responsablemente todas las acciones que se están desarrollando para librar a la selva de la minería ilegal, esto por supuesto es un problema bastante serio que estamos buscando resolver utilizando todas las estrategias posibles y dejando el uso de la fuerza como la última herramienta”, indicó.
Precisó que actualmente se ejecutan “operaciones de combate contra la minería ilegal” en los municipios Angostura, Sifontes, Gran Sabana y Cedeño; en este último también por la presencia de las “mafias del coltan”.

Rangel Silva negó que se haya empleado la violencia en los desalojos de las minas y que se haya desplazado a los indígenas de sus tierras.

Además responsabilizó a los medios de comunicación de propiciar un enfrentamiento entre indígenas y militares.

http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.el-nacional.com