Servindi, 15 de marzo, 2012.- El exmilitar Pedro Pimentel Ríos, un miembro de la Escuela Kaibil, fue condenado por un tribunal guatemalteco por su participación en la matanza de 201 campesinos ocurrida en la aldea Dos Erres, en 1982. Por cada asesinado la justicia le ha impuesto una pena de 30 años, que sumados ascienden a 6060 años.
El militar de 54 años, participó en la patrulla de 40 kaibiles que ingresó a la aldea el 7 de diciembre de 1982, y ejecutó la orden de matar a los campesinos entre ancianos, mujeres y niños.
Los kaibiles eran conocidos por ser una fuerza elite del ejército entrenada para matar.
Pimentel fue extraditado desde Estados Unidos en el año 2011 para enfrentar las acusaciones en su contra.
Otros cuatro ex soldados enfrentan sentencias similares.
La masacre fue parte de los 36 años de sangrienta guerra civil en Guatemala, la cual llegó a su final en 1996.
Los hechos ocurrieron durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt (1982-83), quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde enero de 2012 por tener abierto un proceso judicial por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
La ejecución fue parte del Plan Sofía, una ramificación del Plan Victoria 82. Por este caso hay 14 personas pendientes de captura.
La Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) consideró que la condena es “un paso más en el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre de 2009″ sobre este caso.
El Cejil, cuya sede regional se encuentra en Costa Rica, actuó como representante de las víctimas en el proceso ante la Corte Interamericana.
Según estas organizaciones, la sanción de todos los responsables de la masacre de Dos Erres “es la única acción válida para que las víctimas y sus familiares puedan tener, al menos, alguna reparación por estas graves violaciones a los derechos humanos”.
Pimentel fue sentenciado ayer a 30 años de prisión por cada uno de los 201 asesinatos y a otros 30 por un cargo de delitos contra la humanidad, lo que suma un total de 6060 años.
El Código Penal de Guatemala sólo contempla una pena máxima de 50 años de prisión.
La sentencia, que fue dictada por unanimidad de las tres juezas que integraron el Tribunal Primero de Mayor Riesgo B, señala que Pimentel fue identificado por testigos que dijeron que estuvo en el lugar de la matanza y que participó en la muerte brutal de las 201 personas.
Ríos Montt
En 1999, la premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú, presentó cargos de tortura, genocidio, detención ilegal y terrorismo de Estado contra Ríos Montt y otros cuatro generales guatemaltecos retirados , dos de ellos expresidentes. Otros tres civiles fueron también acusados. El Centro por la Justicia y la Responsabilidad “Center for Justice and Accountability” y la Asociación Pro Derechos Humanos de Espeña son codenunciantes.
En setiembre de 2005 el Tribunal Constitucional de España dictó que un tribunal español puede juzgar a aquellos acusados de crímenes contra la Humanidad incluso si las víctimas no son españolas.
En junio de 2006 el juez Santiago Pedraz viajó a Guatemala para interrogar a Ríos Montt y otros acusados. Sin embargo, al menos 15 apelaciones llevadas a cabo por la defensa impidieron a Pedraz interrogar a los acusados.
En el 2007 Ríos Montt obtuvo una curul parlamentaria que le permitió gozar de inmunidad hasta enero de 2012.
Similitud con caso peruano
En el Perú también existen varios procesos abiertos contra miembros de las fuerzas armadas por las masacres cometidas en varias localidades del país durante el conflicto armado de los años 80-2000, entre los que resalta el caso de Accomarca.
Los exmilitares peruanos Telmo Hurtado, David Castañeda Castillo y Juan Rivera Rondón huyeron a Estados Unidos debido a la denuncia en su contra por la masacre de 69 comuneros de la localidad de Accomarca (Ayacucho), en 1985.
Dos de ellos ya han sido extraditados con lo cual se ha podido iniciar el juicio oral.
Una treintena de militares de todo rango se encuentran implicados en este caso que muestra su similitud con el caso de Guatemala sobre crímenes contra la humanidad.
El militar de 54 años, participó en la patrulla de 40 kaibiles que ingresó a la aldea el 7 de diciembre de 1982, y ejecutó la orden de matar a los campesinos entre ancianos, mujeres y niños.
Los kaibiles eran conocidos por ser una fuerza elite del ejército entrenada para matar.
Pimentel fue extraditado desde Estados Unidos en el año 2011 para enfrentar las acusaciones en su contra.
Otros cuatro ex soldados enfrentan sentencias similares.
La masacre fue parte de los 36 años de sangrienta guerra civil en Guatemala, la cual llegó a su final en 1996.
Los hechos ocurrieron durante la dictadura del general Efraín Ríos Montt (1982-83), quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde enero de 2012 por tener abierto un proceso judicial por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
La ejecución fue parte del Plan Sofía, una ramificación del Plan Victoria 82. Por este caso hay 14 personas pendientes de captura.
La Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) consideró que la condena es “un paso más en el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre de 2009″ sobre este caso.
El Cejil, cuya sede regional se encuentra en Costa Rica, actuó como representante de las víctimas en el proceso ante la Corte Interamericana.
Según estas organizaciones, la sanción de todos los responsables de la masacre de Dos Erres “es la única acción válida para que las víctimas y sus familiares puedan tener, al menos, alguna reparación por estas graves violaciones a los derechos humanos”.
Pimentel fue sentenciado ayer a 30 años de prisión por cada uno de los 201 asesinatos y a otros 30 por un cargo de delitos contra la humanidad, lo que suma un total de 6060 años.
El Código Penal de Guatemala sólo contempla una pena máxima de 50 años de prisión.
La sentencia, que fue dictada por unanimidad de las tres juezas que integraron el Tribunal Primero de Mayor Riesgo B, señala que Pimentel fue identificado por testigos que dijeron que estuvo en el lugar de la matanza y que participó en la muerte brutal de las 201 personas.
Ríos Montt
En 1999, la premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú, presentó cargos de tortura, genocidio, detención ilegal y terrorismo de Estado contra Ríos Montt y otros cuatro generales guatemaltecos retirados , dos de ellos expresidentes. Otros tres civiles fueron también acusados. El Centro por la Justicia y la Responsabilidad “Center for Justice and Accountability” y la Asociación Pro Derechos Humanos de Espeña son codenunciantes.
En setiembre de 2005 el Tribunal Constitucional de España dictó que un tribunal español puede juzgar a aquellos acusados de crímenes contra la Humanidad incluso si las víctimas no son españolas.
En junio de 2006 el juez Santiago Pedraz viajó a Guatemala para interrogar a Ríos Montt y otros acusados. Sin embargo, al menos 15 apelaciones llevadas a cabo por la defensa impidieron a Pedraz interrogar a los acusados.
En el 2007 Ríos Montt obtuvo una curul parlamentaria que le permitió gozar de inmunidad hasta enero de 2012.
Similitud con caso peruano
En el Perú también existen varios procesos abiertos contra miembros de las fuerzas armadas por las masacres cometidas en varias localidades del país durante el conflicto armado de los años 80-2000, entre los que resalta el caso de Accomarca.
Los exmilitares peruanos Telmo Hurtado, David Castañeda Castillo y Juan Rivera Rondón huyeron a Estados Unidos debido a la denuncia en su contra por la masacre de 69 comuneros de la localidad de Accomarca (Ayacucho), en 1985.
Dos de ellos ya han sido extraditados con lo cual se ha podido iniciar el juicio oral.
Una treintena de militares de todo rango se encuentran implicados en este caso que muestra su similitud con el caso de Guatemala sobre crímenes contra la humanidad.
