La Fiscalía de la Nación considera que la política de control de la natalidad del Gobierno de Fujimori no cometió un delito contra la Humanidad
Alberto Fujimori ya no teme que una nueva sentencia caiga en su expediente penal. El ex presidente de Perú, quien se encuentra cumpliendo 25 años de cárcel por homicidio y secuestro durante la época del terrorismo, fue excluido por el Ministerio Público del caso de las esterilizaciones forzadas de más de 300.000 mujeres, en una resolución que acaba de hacerse pública.
El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar tenía como objetivo principal controlar la demografía peruana. Se centró mayoritariamente en mujeres jóvenes de origen indígena. Mientras que otro importante grupo procedía de zonas agrícolas y barrios pobres de la ciudad de Lima. Una Comisión Especial instituida en 2001 determinó que 331.600 mujeres fueron sometidas a una esterilización forzosa bajo esta política del Gobierno. En la actualidad, al menos 2.000 de ellas han formalizado la denuncia ante los juzgados.
El fiscal de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lima, Marcos Guzmán explicó que tanto Fujimori como tres ex ministros de salud no tienen ninguna responsabilidad, porque se trató de una política de control de natalidad aprobada por los diputados del Congreso Nacional y que se expuso de manera pública. El argumento fiscal además se basó en que durante la investigación “no se hallaron evidencias de crímenes contra la Humanidad, ni de que se hubiera aplicado una política sistemática de esterilizaciones entre 1990 y el 2000”.
Esta decisión ha causado indignación tanto a las víctimas como a las organizaciones de Derechos Humanos que esta semana llevan a cabo manifestaciones en diferentes ciudades del país.
Carlos Rivera, Coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal ha expresado que es un caso que lleva años de investigación y que cuenta con claras evidencias de que existió un plan de control de la población en el que se utilizó métodos ilegales y violentos.
“Fujimori no estaba en las investigaciones. Pero en noviembre es incorporado al caso sin notificarnos a los abogados implicados. Luego Fujimori declaró en su defensa y cuatro semanas después es excluido del caso. Nos llama la atención la ligereza con que se toman este tipo de decisiones y por supuesto nos parece muy raro” agregó Rivera.
La defensa de las víctimas presentará una apelación a la decisión de exculpar al ex presidente y de archivar el caso. “Exigiremos al Fiscal Superior de la Nación que tome en consideración todas las evidencias y que evalúe las responsabilidades” señaló el representante del Instituto de Defensa Legal.
“Me obligaron”
Rudencinda tenía 24 años, vivía en una zona campesina de la Provincia de Anta (Cusco) junto a su marido en 1998. Ella recién había dado a luz a su tercer hijo en el centro de Salud de la localidad cuando comenzó el equipo médico a plantear la necesidad de esterilizarla. “Cumplía con mi control en el Centro de Salud de Huarocondo. Después que di a luz y la señorita Meche me conversó sobre la ligadura de trompas. Mi esposo no aceptó; mucho menos yo […] Me insultaron, me compararon con los chanchos y cuyes”.
La persecución continúo una vez que Rudencinda ya se encontraba en su casa. Los médicos y enfermeras visitaron la comunidad en diferentes oportunidades para amenazar a la joven de no entregar certificado de nacimiento de su hijo si no accedía a la “ligadura de trompas”.
A los pocos meses, Rudencinda debió llevar al bebé al control médico y fue el momento en el que no la dejaron salir. “Trajeron a mi esposo con policías y le obligaron a que firmara, y cuando se negó a firmar le quisieron detener. Me asusté mucho y me escapé […] la obstetra me siguió y me cogió, me tiró a una camilla, me ataron los pies y las manos, me inyectaron, me operaron […] se infectó mi herida”
Para Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, los casos como los de Rudencinda demuestran que el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar “constituyó una política pública que promovió la esterilización de miles de mujeres en el país, especialmente de zonas rurales, a quienes con engaños y chantajes se les privó de sus capacidades reproductivas, pues se las esterilizó sin garantizarles información clara sobre la intervención y sin que dieran su libre consentimiento”. "Muchas están enfermas, algunas han muerto de cáncer... ¡queremos justicia!", exclama Aurelia Paccohuanca Flores, otra de las afectadas.
La organización Demus asegura que por lo menos 18 murieron como resultado de estas prácticas. El caso más emblemático es de María Mamérita Mestanza, quien murió el 4 de abril de 1998 sin asistencia médica en su casa, donde vivía con sus 5 hijos y esposo.
Los familiares denuncian que un grupo de enfermeras y médicos del hospital Encañada (Cajamarca) amenazaron a María con que tenía que someterse a la operación porque “el Gobierno había dictado una ley para las familias con más de 5 hijos que tendrían que pagar una multa e ir a la cárcel”.
La mujer de 33 años fue operada y a las pocas horas comenzó a presentar fiebre, vómito y mareos. Pero el equipo médico decidió enviarla a su casa. Después de 8 días del fallecimiento, un médico llamó al marido de María hasta el centro médico donde se le entregó 270 dólares y “pedir que no dijera nada a las autoridades”.
Por este caso, la fiscalía investigó a Alberto Fujimori y a los tres ministros que ordenaron activar el Programa Nacional. Pero tras las investigaciones determinó que hubo violación de los derechos humanos, pero que “no se incurrió en crimen de lesa humanidad”. Cinco médicos del centro de salud donde fue operada María Mamérita sí fueron sentenciados por negligencia profesional.
Demus aseguró que para la sentencia de este caso, el Ministerio Público desestimó “la política estatal vigente entre los años 1996-2000 que era de conocimiento del entonces presidente Alberto Fujimori, los titulares de Salud de ese período y de los funcionarios, quienes ordenaban y monitoreaban el cumplimiento de esas metas”.
Algunas evidencias
El expediente de estos casos se resume en 18 tomos que resguarda la Fiscalía. En ellos hay evidencias entregadas tanto por las víctimas como por algunos médicos y enfermeras que participaron en dicho programa.
Entre estas pruebas se encuentran documentos entregados por algunos trabajadores de aquel programa. Por ejemplo, el expediente cuenta con comunicados emitidos por los propios ministros y directores de sanidad en los que exigían hasta un número de pacientes a esterilizar que cada médico debía cumplir.
"...Se les comunica que deben captar dos pacientes para AQV durante el presente mes de octubre con el carácter de obligatoriedad. En caso contrario, se hará el informe correspondiente para rescindir su contrato, suspender su ampliación de horario e incluir todo en su legajo personal...", es la orden de recogida en el Memorándum Múltiple Nº036-1997-CTAR-RG-DRS-H-D de la Dirección Regional de Salud en Piura.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó en 2010 al Estado peruano el compromiso que firmó en 2003 de “investigar y sancionar debidamente a los responsables”.
